VISION GENERAL Y SITUACIÓN EN LORCA TRANSCURRIDOS 7 MESES DE LOS TERREMOTOS DE MAYO DE 2011

Los terremotos del pasado 11 de mayo supusieron un duro golpe para la ciudad de Lorca: 9 personas fallecieron, más de 300 resultaron heridas, miles tuvieron que abandonar sus hogares. El tejido económico de la ciudad enormemente perjudicado con cientos de establecimientos comerciales y hosteleros cerrados. La mayoría de los centros educativos dañados. El patrimonio artístico y cultural gravemente afectado. Muchas de las infraestructuras y dependencias públicas (archivos, bibliotecas, museos, centros culturales, instalaciones deportivas,…) con daños de diversa consideración.
Destrozos valorados según algunas estimaciones en más de 1200 millones de euros; tras la frialdad de las cifras se esconde un auténtico drama colectivo: 3000 familias (cerca de 10000 personas) desplazadas, 1164 viviendas demolidas, barrios enteros afectados, más de 24000 viviendas de las 33000 que existen en el municipio con daños de diversa consideración….
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno publicó el 13 de mayo el Real Decreto-ley 6/2011 por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos del 11 de mayo, en el se establecían ayudas para la reconstrucción y reparación de vivienda habitual, para alquiler a familias desplazadas y reposición de enseres de primera necesidad. También ayudas para gastos de emergencia realizados por el Ayuntamiento, para la reparación de infraestructuras municipales, compensaciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para el Consistorio por la exenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades Económicas, y otras tasas, así como medidas de carácter laboral y de seguridad social para empresas de Lorca y líneas preferenciales de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la reparación de instalaciones y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, forestales, ganaderos y de regadío, etc. Al tiempo que se creaba una Comisión Mixta integrada por un representante de cada una de las tres administraciones (Gobierno Central, Autonómico y Local) que seria la encargada de gestionar los expedientes presentados por los afectados solicitando las ayudas reguladas por el Decreto.
Aunque hay que reconocer la celeridad con la que el Gobierno actuó en un primer momento, no es menos cierto que las medidas establecidas en el citado Decreto eran manifiestamente insuficientes para la gravedad de los daños. No se contemplaban ayudas para la recuperación del patrimonio cultural e histórico, tampoco ayudas directas al comercio (enormemente afectado), ni para segunda vivienda, o elementos comunes en comunidades de vecinos, algo que podría obstaculizar la reconstrucción de muchos edificios.
La propuesta de que estas carencias (y otras) serían enmendadas por medio de un futuro Proyecto de Ley, quedó en agua de borrajas al producirse el adelanto de las elecciones, y en su lugar el Consejo de Ministros aprueba un nuevo Decreto a finales de octubre, Real Decreto-ley 17/2011, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños ocasionados por el terremoto, ampliando algunas disposiciones del anterior y estableciendo otras nuevas. Muy importante, consideramos, la concesión de ayudas a segundas viviendas y bajos comerciales en edificios a reconstruir. Así como a comunidades de propietarios para la reparación y reconstrucción de elementos comunes, y otras como: ayudas directas a comerciantes para daños superiores a la cobertura de su seguro, ayudas para la reparación de negocios en función a su superficie, ampliación del plazo para la solicitud y amortización de créditos ICO, deducciones fiscales y reducción de gastos notariales y de registro, ayudas a la Comunidad Autónoma para la reconstrucción de instalaciones sanitarias, ayudas adicionales para la reconstrucción y protección del patrimonio…etc.
Aunque este último Decreto supone un avance indiscutible, aún sigue siendo insuficiente para solucionar los graves problemas a los que se enfrenta la ciudad.
Entre el primer y el segundo Decreto, Ayuntamiento y Gobierno Regional elaboraron el llamado “Plan Lorca”, que fue presentado y debatido en las Cortes en septiembre, y que finalmente no fue aprobado. En este Plan se valoran los daños producidos en más de 1200 millones de euros, y se propone la inversión de 1650 millones en los próximos años para reactivar la economía del municipio. Se incluyen actuaciones en vivienda, turismo, recuperación del patrimonio histórico e instalaciones municipales, así como un plan de empleo con el que se pretende generar 2.500 puestos de trabajo en dos años. En el aparecen proyectos de competencia autonómica aún sin realizar, y parte de la inversión calculada para las necesidades de reconstrucción ya estaba recogida en el Decreto y en otros paquetes de ayuda del Gobierno, no obstante, la puesta en práctica de este plan u otros similares, consensuados entre administraciones, agentes sociales y económicos, partidos políticos y colectivos ciudadanos de la ciudad sería necesario en un futuro inmediato. Esperamos que con la llegada del nuevo ejecutivo se lleven a cabo las propuestas y promesas hechas a los vecinos antes de las elecciones.
A principios de octubre, mediante Real Decreto, se crea la figura del Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas del terremoto, con la misión de dar impulso a las actuaciones, su seguimiento y coordinación con otras administraciones, con lo que se producen algunos progresos, aunque, como ya hemos dicho, insuficientes.
- La situación actual, dos Decretos mediante, es la siguiente:
Miles de personas, entre 2500 y 3000 familias, siguen desplazadas. No existen viviendas en alquiler suficientes y los precios de éstas se han incrementado a causa de la especulación sin que las administraciones hayan hecho nada por evitarlo. Aun no se ha iniciado la reconstrucción de ningún edificio.
260 edificios han sido demolidos a cargo de las ayudas recogidas en el primer Decreto para gastos de emergencia realizados por el Ayuntamiento, es decir, a cuenta del Estado, pero aún quedan otros 151 inmuebles con diversa consideración de ruina, que no han sido incluidos en lo regulado por el decreto ya sea por retrasos en la tramitación y envío de expedientes incompletos por parte del Ayuntamiento, o por exceso de celo de la Administración Central, sobre los que aún se discute cuál será su destino, quién correrá con los gastos de derribo y desescombro o con los enormes gastos que supondría la reparación, estando los vecinos de éstos en una de las peores situaciones, ya que en la práctica no tienen vivienda, no pueden acceder a la indemnización por derribo ni a las ayudas para la reconstrucción, siendo la reparación en la mayoría de los casos económicamente inviable.
Las Ayudas prometidas por las administraciones están llegando con cuentagotas; de los 14.192 expedientes presentados ante la Comisión Mixta (12.375 para reparación, 1006 para alquiler, 699 para reconstrucción, y 112 para reposición de enseres) sólo se han revisado algo más del 28% (4340) por valor de 17.410.725 de euros, poniendo de manifiesto la ineficacia y lentitud para la tramitación por parte de la Comisión Mixta (Administración Central y Autonómica, principalmente esta última) y sobre todo para el pago, baste como ejemplo que hasta mediados de noviembre solamente 10 damnificados habían recibido las ayudas en concepto de alquiler y se nos anuncia que en los próximos días se hará el ingreso de otros 98 expedientes. Existiendo entre la población serias dudas sobre el uso que se está dando por parte de la Comunidad Autónoma a determinadas partidas liberadas por el Estado, (el 50% que le corresponde), y que aún habiendo llegado a la Comunidad ésta no ha transferido al Ayuntamiento para que se pueda efectuar el ingreso a los afectados.
El 30% de los comercios y establecimientos hosteleros afectados siguen cerrados, muchos no volverán a abrir, en algunas zonas como el Barrio de la Viña la cifra alcanza el 40% del total de negocios. Más de 600 empleos se han perdido sólo en el sector servicios.
A pesar de la ampliación de ayudas recogida en el Decreto 17/2011, éstas siguen siendo insuficientes ya que condicionan a la posesión de un seguro en el momento del terremoto, pero el
60% de los comercios dejaron de pagarlo antes, acuciados por la crisis que en esta Región y en esta localidad están golpeando con dureza.
La previsión de inversión necesaria para la recuperación de las Infraestructuras Educativas según la Comunidad Autónoma es de 22 millones de euros. Colegios y especialmente Institutos de Secundaria siguen muy dañados. Transcurridos más de 6 meses aún no existe proyecto de reconstrucción para el IES Ros Giner (derribado), todavía no tenemos propuestas sobre la reconstrucción del Arcas Meca (que tendrá que ser parcialmente demolido), y los trabajos del Ibáñez Martín avanzan muy lentamente. Además existen problemas de seguridad en determinadas zonas de otros centros, como el Príncipe de Asturias (exteriores y gimnasio) al igual que en el Ibáñez Martín. Tampoco se han aclarado las actuaciones a realizar en el edificio del Conservatorio.
Muchos alumnos han sido derivados a otros centros o a edificios públicos y en la actualidad están surgiendo quejas en cuanto a la movilidad de los alumnos (tráfico) y adecuación de dichos centros en cuanto a seguridad y necesidad de evacuación.
Algunos colectivos vecinales y las propias comunidades educativas denuncian que no se ha evaluado suficientemente la seguridad de los edificios en uso ante posibles emergencias, sobre todo ante posibles movimientos sísmicos.
Varios alumnos con discapacidad física están teniendo dificultad en el acceso a los mismos y, por tanto, para la continuación de sus estudios.
Familias desplazadas a varios kilómetros de su residencia habitual están reclamando transporte escolar para poder seguir llevando a sus hijos a los Centros en los que estaban matriculados, sin que por el momento hayan obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento ni el Gobierno Regional.
En cuanto a las Infraestructuras Sanitarias, existen bastantes problemas sin resolver: El hospital Rafael Méndez aún sigue sin funcionar a pleno rendimiento, el Centro de Salud Lorca Centro (demolido) presta sus servicios en el antiguo hospital de Santa Rosa de Lima y aún no existe proyecto de reconstrucción. En este caso, como en el de los servicios educativos, debemos denunciar la lentitud y falta de eficacia por parte de la Administración Regional; y que las ayudas recogidas en el RD 17/2011 (1.000.000 €) son insuficientes para que los servicios sanitarios en Lorca vuelvan a la normalidad, al menos a corto plazo.
En cuanto a la Reconstrucción, los vecinos se están encontrando con una serie de problemas. A los ya mencionados retrasos en la percepción de ayudas, añadiremos que el Ayuntamiento no ha elaborado ningún Plan Integral de Reconstrucción, sobre todo para las zonas más afectadas; aunque sí ha anunciado (en prensa) la convocatoria de un concurso de ideas para la reconstrucción del Barrio de la Viña, la vaguedad e indefinición de tal anuncio, por el momento sólo ha llevado a la confusión y desconcierto de los vecinos, al no saber a qué atenerse, y cuáles serán las características de edificabilidad en la zona. Por otra parte se ha realizado una modificación al Plan General de Ordenación Urbana actual para que los edificios puedan reconstruirse con la misma altura y el mismo número de viviendas.
En cuanto a la Gestión y Promoción de viviendas, algunos colectivos ciudadanos vienen reclamando una decidida intervención pública sin la cual, consideran será muy difícil que muchas comunidades consigan rehacer su edificio. En este sentido, en el último Decreto se establece la posibilidad de que el SEPES (Sociedad Estatal del Suelo) pueda actuar como promotor de vivienda privada, y, más tarde, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma ha anunciado la elaboración de un convenio con el que por medio del Instituto Regional de Suelo y Vivienda, y posiblemente previo acuerdo con el SEPES, poder ofrecer a los vecinos que lo deseen llevar la gestión y promoción pública de la vivienda. Todos estos anuncios aún no se han concretado o se están intentando implementar de forma individualizada (sólo en determinados edificios) sin que los vecinos afectados hayan recibido la suficiente información sobre cuál será el alcance de esta intervención pública.
También se ha reclamado la intervención, además de para planificación, gestión y promoción, para la intermediación entre vecinos; ya que la falta unanimidad entre los mismos puede suponer el retraso o incluso la imposibilidad de reconstrucción. Los motivos para esta falta de unanimidad cada día son más numerosos dada la variedad de situaciones personales, agravadas por la crisis y el retraso en la tramitación de ayudas (personas o comunidades sin seguro, familias con varios miembros en paro, pensionistas sin recursos suficientes, segundas viviendas sin posibilidades económicas de reconstrucción…)
A todo lo anterior hay que añadir la oferta de construcción por el SEPES de 300 viviendas modulares para damnificados, previa cesión del suelo por parte del Ayuntamiento. Tanto una cosa como la otra aún se están esperando.
En cuanto a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, al anuncio realizado el día 4 de noviembre por este organismo dependiente del Gobierno de que se han atendido casi el 100% de las solicitudes presentadas por un importe total de 262,9 millones de euros, hemos de decir que esto no supone que esté todo solucionado. Existen muchísimas reclamaciones por parte de los vecinos por discrepancias en la valoración, sobre todo en las zonas comunes; y la actuación de determinados peritos ha sido muy criticada.
Por otra parte el Gobierno Central ha utilizado durante todo este tiempo estas cifras en comunicaciones oficiales y notas de prensa, comos si se tratara de subvenciones u ayudas gestionadas por la Administración Central, cuando en realidad estas indemnizaciones son fruto de los seguros privados. Aunque sí es justo reconocer la agilidad en la tramitación dado el volumen de expedientes abiertos y la complejidad de muchos de ellos.
En cuanto a bancos y entidades de crédito, también existen muchas críticas, sobre todo por los documentos de cesión de derechos sobre la indemnización que los afectados se ve obligados a firmar, tratándose en muchos casos de autenticas cancelaciones de hipoteca, con lo que los afectados no tienen la seguridad de que ese dinero vaya a ser destinado a la reconstrucción. También es reivindicación de colectivos vecinales la suspensión temporal de las cuotas hipotecarias para aquellas personas que se hayan quedado sin vivienda o no puedan habitarla.
A este respecto el pasado 25 de noviembre, el Gobierno en funciones firmó un protocolo de actuación con las patronales bancarias y de Cajas de Ahorro (Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorro, y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) y con Cajamar, para conseguir un “compromiso de estas entidades para facilitar el acceso a una financiación suficiente y ágil para la ejecución de las ayudas y actuaciones aprobadas por el Gobierno”, lo que nos parece una mera declaración de intenciones por parte de estas entidades y un acuerdo demasiado laxo por parte del Gobierno, ya que no compromete a las entidades financieras asociadas, y cada una de ellas “llevará a cabo individualmente la evaluación de la financiación, en los términos y condiciones que se determinen en cada caso”. Volvemos a ver sólo titulares de prensa tras los que no hay apenas contenido.
A instancias del Ayuntamiento se creó la Mesa Solidaria, encargada de gestionar y destinar los fondos solidarios, aquellos procedentes de donaciones de particulares o entidades, galas benéficas, conciertos u otro tipo de eventos en solidaridad con la ciudad de Lorca. Esta mesa está integrada por el Alcalde, el Presidente de la Comunidad Autónoma, la Delegación del Gobierno, los tres grupos políticos del Ayuntamiento (PP, PSOE e IU), Cruz Roja, Cáritas, Plataforma “Lorca, 11 de mayo”, Asociación 11 de mayo, “Somos Lorca”, Asamblea de Vecinos de Lorca Afectados por los terremotos, representantes de barrios de Lorca, Consulados de Ecuador y Marruecos, Ciudalor, además de la Oficina Económica y Presupuestaria del Ayuntamiento. Los fondos son ingresados en sendas cuentas del Banco de Santander y Caja Murcia con un total de ingresos hasta la fecha de 3.265.506 euros de los que ya se han utilizado 1.183.095 euros para anticipos reintegrables para alquiler de vivienda habitual, para necesidades básicas de vecinos a los que se les ha demolido su vivienda, ayudas a fondo perdido a familias sin vivienda en función del numero de miembros, ayudas a familiares de heridos graves y fallecidos, y un plan de impulso al comercio.
Aunque la cuantía de estos fondos no es suficiente para solucionar todos los problemas generados en Lorca tras los terremotos, si están sirviendo para dar atención a situaciones urgentes y acuciantes, por lo que se agradece enormemente la solidaridad de todos los ciudadanos y entidades que han colaborado. Por otra parte, aunque no dudamos del correcto uso que se esté haciendo de estos fondos, si echamos en falta una mayor transparencia y funcionamiento democrático de la Mesa Solidaria, ya que las decisiones son tomadas única y exclusivamente en Comisión de Gobierno por el Ayuntamiento y el resto de organizaciones que la integran sólo pueden refrendarlas. Además, como ocurría con las indemnizaciones del Consorcio y el Gobierno Central, el Ayuntamiento se atribuye como mérito propio las ayudas de la Mesa Solidaria, y nota de prensa tras otra las incluye como si se trataran de logros conseguidos por nuestros gobernantes municipales.
El rico Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad se vio muy afectado. Cuantificar los costes de recuperación o establecer un plazo para la misma, resulta muy difícil, de momento las medidas adoptadas por las Administraciones son las siguientes:
- Se establecen ayudas con carácter excepcional, 1,16 millones de euros, para cubrir los gastos en que incurra el Ayuntamiento de Lorca derivados de las actuaciones imprescindibles e inaplazables que se acometan para garantizar la protección de los bienes del patrimonio cultural de la ciudad frente a fenómenos meteorológicos.
- Nuevos incentivos fiscales (mecenazgo) en relación con las actuaciones dirigidas a la rehabilitación del patrimonio cultural de Lorca.
- Se aprueba el Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural del municipio de Lorca, valorado en 51 millones de euros y se autoriza a los ministerios de Cultura y Fomento para la suscripción de convenios específicos con la Comunidad Autónoma Región de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca y representantes de las entidades privadas titulares de los bienes culturales.
Muchas Instalaciones Públicas Municipales resultaron dañadas, bibliotecas, centros culturales y sociales, museos, instalaciones deportivas, etc. Tras un cierto tira y afloja entre Ayuntamiento y Consorcio de Compensación de Seguros por la cobertura del seguro suscrito por el consistorio, finalmente será el Consorcio quien corra con la mayoría de los gastos, comprometiéndose a pagar una indemnización de 40 millones de euros al Ayuntamiento.
Para finalizar, quizás sería oportuno solicitar la revisión de la Norma de Construcción Sismorresistente vigente en España desde el año 2002, aprobada por el Real Decreto 997/2002, a fin de que se adapte a la realidad existente tras el terremoto de Lorca, dadas las especiales características del mismo en cuanto a profundidad del epicentro y aceleración.
La situación entre los vecinos es cada día más complicada, el desánimo y la desconfianza hacia los representantes políticos son muy grandes, se tiene la sensación de que transcurridos más de seis meses se ha avanzado muy poco, cada día que pasa somos más conscientes de lo difícil que será volver a la normalidad perdida con los terremotos de mayo y que Lorca pueda seguir adelante sin la ayuda, mucho más decidida, de las Administraciones. Las reivindicaciones de los afectados y ciudadanos de Lorca siguen siendo básicamente las mismas que al principio:
- Mayor celeridad y eficacia por parte de las Administraciones competentes en la tramitación de las ayudas a los damnificados.
- Dotación de fondos suficientes y el establecimiento de un plazo para la reconstrucción de los centros educativos y sanitarios.
- Ayudas directas y urgentes para comercios y otros locales de negocios afectados. Elaboración de un Plan de Reactivación del Comercio y un Plan Especial de Empleo.
- Control por parte de la administración sobre la especulación en el mercado inmobiliario (alquiler, reconstrucción, proyectos, etc.). Creación de una base de datos real y efectiva, en la que los ciudadanos puedan consultar la disponibilidad de viviendas de alquiler y a la venta.
- Contratación de más recursos técnicos para agilizar las inspecciones de los inmuebles que actualmente están paralizados.
- Demolición a cargo de la administración para todos aquellos edificios cuya causa de ruina sea el terremoto, ya sea de forma directa o indirecta.
- Instamos a las Administraciones para que negocien con bancos y entidades de crédito, la suspensión temporal de las cuotas de hipotecas para todas aquellas personas que hayan perdido su vivienda o no puedan habitarla a causa de los daños causados por el terremoto. Pedimos que se garantice que el dinero de las indemnizaciones será destinado a la reconstrucción de la vivienda siniestrada.
- Como conclusión, e integrando las anteriores, solicitamos la elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral de Reconstrucción basado en criterios de solidaridad e interés social y racionalidad urbanística. Una mayor intervención pública que abarque, desde la mediación entre vecinos, hasta la misma reconstrucción, pasando por la planificación y la promoción de viviendas, algo que consideramos necesario y urgente especialmente para las zonas y barrios más afectados.